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viernes, 18 de junio de 2021

Cultura, incultura y sociedad (producción de coca en Colombia)

 

Las sociedades permanecen en una constante movilidad, como ejemplo de ello tenemos los años 1500, cuando termina el Feudalismo en Europa y aparece la sociedad cortesana. John Locke en 1690 describe la sociedad civil como un conjunto de individuos unidos bajo un poder ejecutivo, mientras Auguste Comte en 1850 se pregunta cómo el individuo puede ser a la vez causa y efecto de la sociedad; mientras tanto, Max Weber en 1958 afirma que los valores y las creencias pueden transformar la estructura social; además, el antropólogo estadounidense Robert Redfiel explica que la civilización es una totalidad de grandes y pequeñas tradiciones y por último la obra de Gramsci defiende que las clases gobernantes mantienen el poder mediante las instituciones de la sociedad civil.

                                            Foto: James Nuñez

Ante este avance social, especialmente en los últimos 200 años la occidentalización de la sociedad colombiana con una inspiración francesa y española en sus códigos y leyes ha transmutado a crear un robusto código antidrogas para hacerle frente al problema que ha coaptado a un gran número de los habitantes con sueños de riqueza y poder.

¿Pero realmente que hay detrás de estas falacias y falsas promesas de riqueza para todos? ¿Cómo en nuestra conciencia podemos aceptar matar a otros para obtener dinero? ¿Qué tan cuestionable es que para sobrevivir haya que sacrificar medio ambiente y vida? y, por último, ¿Por qué no legalizar el sistema de las drogas y que sea el Estado el regulador de todo?

Lo primero que se tiene que entender es que en Colombia según las cifras DANE más de 20 millones de personas viven en pobreza o pobreza absoluta y otros 25 millones viven en clase baja o media, es decir que, las necesidades básicas insatisfechas son crecientes; los pobres están excluidos del modo de vida habitual, las costumbres y las actividades cotidianas de un mundo que se abre en innovación y bienes de consumo masivo. Así mismo, Benjamin Seebohm explico que la pobreza es un estado en el que los ingresos totales son insuficientes para obtener el mínimo necesario para la mera eficacia física.

A su vez, el dinero que produce el narcotráfico en Colombia es aproximadamente entre 100 y 140 billones de dólares al año como lo manifiesta Pierre Lapaque representante de UNODC en Colombia, una cifra que podría sacar de pobres a estos 20 millones de personas que se habló anteriormente.

¿Pero cómo los colombianos podrían aceptar dineros provenientes de lo que la sociedad ha denominado como delito? más aún, cuando son las grandes organizaciones del país que se lucran y obtienen dividendos para mantener el país sumergido en un conflicto que pareciera no tener fin, llevando a los ciudadanos cada vez más a la pobreza.

Un ejemplo claro de ello es el municipio de Miraflores en el departamento del Guaviare, donde por años, las extintas FARC se ubicaron en este territorio por el negocio de las drogas, se esperaría que este municipio prosperara, pero al contrario quedo sumergido en un atraso económico y social. Acerca del negocio de las drogas Pierre Lapaque expuso que para el año 2020, el 70% de la cocaína del mundo es producida y traficada desde Colombia por organizaciones, tanto nacionales como internacionales.

                                            Fuente: Periódico el Tiempo, 06/2021

Hay que aclarar que al país no llega esa cantidad de dinero que se presento al inicio del texto, en promedio estaría llegando entre el 5% al 15% del total de dinero, y no todo llega en dinero, ya que las organizaciones cambian droga por armas o suministros para sus empresas criminales entre las que se encuentra dotaciones, alimentos, medicinas, cursos de comunicaciones, explosivos, entre otros.

La renta ilegal da para que se doten verdaderas organizaciones criminales con el poder de enfrentar a las Fuerzas Militares del País. Es así que las cifras de producción de Clorhidrato de cocaína como de cultivos ilícitos han sufrido una gran variación en los últimos años como se muestra en la siguiente tabla, así:

                                            Fuente: UNODC - 2021

Tomando como referencia el año 2008 al 2012 existió una disminución del 41% de los cultivos en el país con una producción estable de cocaína en el país, es decir, a medida que disminuían los cultivos, disminuía la producción del alcaloide. Mientras que entre el 2013 al 2018 existió un aumento exponencial de los cultivos lo que trajo consigo un aumento en la producción de alcaloides, hasta el momento se seguía la regla que mientras bajaba la producción o aumentaban los cultivos, aumentaba la producción.

Pero desde el 2019, se esta viendo una tendencia temeraria que por años se ha estado estudiando, y es la posible mutación de los arbustos de coca que contendrían más alcaloide de lo normal, y prueba de ello es que mientras los años 2019 y 2020 han disminuido los cultivos la producción ha aumentado como lo demuestra el estudio presentado por UNODC, donde se paso a tener 169 mil hectáreas a 143 mil hectáreas con una producción de un millón 123 mil toneladas a un millón 228 mil toneladas, es decir entre mayor número de cultivos mayor producción de cocaína.

Este impacto, de producción de drogas se ha sentido en todo el país, ya que la violencia desatada por mantener el negocio ha alcanzado sectores vulnerables; como podemos apreciar los hechos de las víctimas de las masacres que en muchos casos tienen relación directa o indirecta con el sistema de las drogas.


                                                Fuente: Mindefensa y FIP

Para el presente documento se entiende por masacre el asesinato de más de 3 personas en un mismo evento, es así que desde el 2016 al 2021 han asesinado a 212 Víctimas en masacres. Al mismo tiempo, el impacto que ha tenido en las regiones frente al homicidio de lideres sociales que apoyan las transformaciones sociales desde la sustitución de cultivos ilícitos en el país.


                                            Fuente: FIP

Así como también los lamentables asesinatos de excombatientes de las FARC.


                                            Fuente: Mindefensa y FIP

Es de aclarar que no todos los casos mencionados son por temas de drogas; lo que se quiere es hacer ver, como el sistema de las drogas mantiene la violencia en el país que carcome a la sociedad colombiana especialmente a los jóvenes que son instrumentalizados, o bien sea como consumidores, en el sistema de las drogas o simples instrumentos de violencia para mantener el negocio.

 

James Nuñez Dueñas

Investigador

aletheiainvestigaciones@gmail.com

Twitter: @jnd0072000

https://aletheiainvestigaciones.blogspot.com/


viernes, 11 de junio de 2021

Guerra de sexta generación -Desinformación y el peligro de las redes sociales

 

El mundo desde la apertura del internet ya hace casi tres décadas comenzó un recorrido de no retorno hacia un cambio, no solo cultural, sino un modo de vida. Es aquí cuando las redes transformaron el mundo y la percepción de él, el mundo comenzó a girar a problemas que no se entendían, situaciones que se han tornado complejas para los gobiernos al pasar los años, debido a que ya no se requieren grandes ejércitos o un sin número de recursos para desestabilizar un Estado.

Mas aún, cuando solo se necesita un individuo detrás de una computadora para realizar movimientos que pueden llegar a la desestabilización parcial o total de los países; hace poco el homo sapiens caminaba libre por las praderas y mantenía enfrentamientos con armas rudimentarias que propiciaban dolor y daños de grandes proporciones a los seres humanos.


Hoy en día tenemos que comenzar a hablar de guerras de sexta generación, no solo por qué esta es la realidad de la globalización actual y del mundo posmoderno. Seguimos hablando de guerras de cuarta generación. Cuando vemos algunas guerras de quinta generación suceder, e incluso estamos presenciando el desarrollo de las guerras de sexta generación sin siquiera darnos cuenta. Estamos a puerta de guerras de sexta generación, por la difusión que se da en estas, con características como:

1.      1. Existe una manipulación mediática de la conciencia colectiva.

2.      2. Se inventan nuevos enemigos en un esquema de Operaciones Psicológicas.

3.      3. Se destruyen los recursos de los países (vías, economía). 

1.    4. Intervención de tropas difusas como es el caso de las fuerzas prorrusas -ejercito paraestatal. 

5.      5. Reducción de los altos costos políticos y económicos de las guerras de cuarta y quinta generación.

3.      6. Utilización de todas las formas de lucha y los medios disponibles.

4.     7. Explotación de todas las áreas de vulnerabilidad, es decir, una guerra que no tiene límites:

a.      Guerra en internet: noticias falsas o fake news, utilizan la capacidad que tiene las personas de informarse en tiempo real, para engañarlos y manipularlos con desinformación.

b. Ciberataques: utilización de programas como keyloggers, que permiten tener acceso al teclado de una computadora o de un dispositivo móvil o software que se auto instalan en sistemas informáticos.

b. Destrucción de la identidad nacional y la unión del país: una serie de ataques que incluyen actos terroristas, a través de la promoción indebida de los intereses de individuos o grupos, a través de cualquier tipo de estrategia o su combinación para liderar el derrocamiento del gobierno, como guerra civil, invasión directa, constitucional. golpes, sobornos, ataques a las monedas nacionales, asesinatos u otras variaciones que puedan ocurrir en la práctica, apoyan el intervencionismo. 

Felix Gattari manifiesta que los objetos y los métodos de la lucha son diferentes en función de los distintos niveles. Los objetivos genéricos del tipo de <<el pan, la paz, la libertad>> requieren la existencia de organismos políticos que se insertan en el campo de las relaciones de fuerza y que, por tanto, reagrupan estas fuerzas constituyéndolas en bloques.

Es así, que expertos en el tema como Lawrence Freedman expone que las guerras asimétricas concentran e infligen el mayor daño posible, más que ganar batallas, ganar tiempo, más que promover un cese del conflicto, atacar la base política interna del enemigo y confiar en la capacidad de un país para soportar un extremo dolor y una pobre ganancia en la resolución del conflicto.


Como conclusión, se considera que el negocio del espionaje internauta es uno de los más rentables hoy en día, desestabilizar un país, económicamente o políticamente, parece ser tan fácil, que para futuras elecciones presidenciales tendrían que tener un control sobre las redes sociales.

James Nuñez Dueñas

Investigador

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viernes, 28 de mayo de 2021

Protesta social, Bloqueos y Vandalismo

 

Desde el 28 de abril Colombia ha vivido múltiples manifestaciones que han puesto en la opinión pública lo que es y no es la protesta social; es así como varios eventos de protesta social despertaron la atención de la sociedad, algunos de los cuales cuestionaron la legalidad de los paros, y su legalidad en relación con la defensa de los Derechos Humanos. A su vez, estos han estado polarizados por la magnitud de desinformación que ha existido y el impacto que ha tenido en el pueblo colombiana.

De la misma forma, existe evidencias solidas que, en algunas zonas, los grupos armados ilegales financian estas manifestaciones, para que bloqueen vías principales de abastecimiento ejemplo de ello el caso en la Hormiga -Putumayo, la presión de los grupos armados para que el comercio cierre y se vincule a la protesta social, so pena de cancelar una extorsión o dar explicación y enfrentar a estos grupos criminales.


Además, ha llevado a personas de todos los ámbitos de la vida a controvertir si la protesta es ¡pacifica o es violenta¡ qué tan legal es esta y repensar que la protesta fue estigmatizada e instrumentalizada por diversas agendas e intereses.

Es de aclarar que en Colombia la protesta social es legal, así como los paros y todo lo que deriva de esta son legales, sino afecta los derechos de los que no participan, se preservan los bienes públicos y privados y se protege la vida y ninguna autoridad puede oponerse o restringir el derecho de reunión, pues ese entendimiento sería inconstitucional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Mas aún, recordando los diferentes pronunciamientos sobre protesta social que ha emanado la honorable Corte Constitucional donde explica que se tiene que evitar que la escogencia de un derecho lleve al sacrificio absoluto de otro de la misma jerarquía.

Es decir, ¿hasta qué punto puedo afectar la vida de los que no protestan o que no hacen parte de ella? el país ha desarrollado toda una doctrina para las manifestaciones que viene inmersa en la misma Constitución Política del país, los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión y la Corte ha reitera que “Los derechos a la reunión y a la manifestación pública y pacífica son fundamentales, incluyen la protesta y están cobijados por las prerrogativas del derecho a la libertad de expresión”.

Pero el problema analizar aquí no se trata de si la protesta es legal o no, el problema está en ¿Qué tan legal es vandalizar, bloquear, y destruir bienes públicos y privados? ante este panorama y como investigador no puedo ver solo una parte del problema, tenemos que observarlo estudiarlo y entenderlo, solo así, estaremos dando una compresión al inconveniente. Es de aclarar que en Colombia pululan los expertos y en estos días se han visto analistas de todos lados hablando sobre la protesta en Colombia, tratando de hacer entender lo que está pasando, otros arrojando gasolina para que se incendie más y otros tanto tratando de bajar el nivel del vandalismo.



Es así que para dar respuesta al interrogante y siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte constitucional tenemos que la Sentencia C-742/12 expresa que las protestas violentas no están protegidas ni siquiera prima facie por la Constitución, mientras que la Sentencia C-009/18 excluyen de su contorno material las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos.

Es decir que, entre la protesta social legal existe una zona gris que estaría entre la protesta y los actos vandálicos que se presentan en estas, durante o después de la protesta social.

¿Pero, por qué creemos q los derechos de unos, están por encima de otros?  ¿Qué se busca al bloquear las vías, cobrar por el pasó internamente en estás, al quemar los bienes públicos, al buscar desacreditar a la Fuerza Pública?

No hay que negar que existe un inconformismo de la población en general, unos los más jóvenes entre 17 y 25 años que no encuentran una oportunidad y los cuales están divididos en tres grupos, así:

1.      1. Jóvenes que no terminaron su colegio, no tienen ningún tipo de estudio especializado y en muchos casos sus trabajos son por días u horas y en otras ni siquiera trabajan.

2.    2. Jóvenes que terminaron el bachillerato, pero no tienen oportunidad de continuar sus estudios y sus trabajos son por días o meses, no cuenta con estabilidad laboral, social u pensional.

3.      3. Jóvenes que han podido continuar sus estudios de pregrado y posgrado mediante préstamos que no han podido ser pagados por no encontrar propuestas laborales, no tienen estabilidad laboral y están super endeudados.

A su vez, el otro grupo que está sufriendo por las pocas opciones laborales son los mayores de los 40 años, los cuales se han visto apartados del medio laboral por su edad, sin tener en cuenta su conocimiento y experiencia.

Mientras que el último grupo entre los 25 a 40 años, se quejan de no tener buenos salarios, poca estabilidad laboral, y ser explotados sin oportunidad de crecimiento. Esta expectativa laboral ha sido un caldo de cultivo para el descontento nacional, y más aún con un crecimiento de la pobreza que ha hecho que muchos hogares pierdan el mínimo vital conduciendo a una insatisfacción general y la pérdida de credibilidad de los sectores más vulnerables en las instituciones del Estado.

Dado que en Colombia existe un gran enemigo en común, la corrupción, y está cloaca inicia dónde nace la legislación del país, si Colombia lograra un entendimiento que lo llevara a una paz estable ese fenómeno se podría minimizar, castigando ejemplarmente a aquellos que se ven tentados a malversar los fondos públicos, ejemplo de ellos son las 900 investigaciones que hay por malversación de fondos para enfrentar las consecuencias del COVID, ahora tenemos que pensar para que tenemos concejos, diputados y senadores, cuántos miles de millones de pesos nos cuestan si el país sigue igual, no proporcionan salidas ni ideas nuevas o políticas públicas q generen empleo, ¿Es hora de modernizar estos espacios?

Con respecto a los bloqueos y uso de la violencia por personas que participan en estas, pero no son reconocidos en las marchas, ha generado un total rechazó de la población, así como del sistema jurídico colombiano, como se mencionó anteriormente con los pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional; los que han orquestado la violencia disfrazada de movilización, han tenido el tiempo necesario para compartir experiencias con otros, como el caso Chile, hoy vemos la utilización de medios como láser, formaciones, labores de ataque sistemático a puntos críticos dentro de las ciudades y todo un engranaje que debe ser examinado por la justicia y los operadores de seguridad con el fin de detectar los modus operandi de estas organizaciones ¿nos encontramos a punto de ser conejillos en guerras de sexta generación? ejemplo de ello son las llamadas líneas, las cuales cumplen papeles en sus diferentes fases como se muestra a continuación:


 

Como conclusión, la protesta va a continuar a un año de elecciones y el gobierno nacional tendrá que crear estrategias que desmonten los aparatos criminales que existen hoy en el país camuflados de protesta social y dar soluciones reales a los que verdaderamente ejercen sus derechos de protesta social e inconformismo ante la situación presentada de desempleo y acceso a la educación y salud que se viene presentado en el país, es decir, dar soluciones reales a las necesidades básicas insatisfechas a los más de 50 millones de colombianos que esperamos un país mejor.

Con la finalidad de tener una visión holística de lo acontecido tenemos que entender y dejar el odio que nos han vendido las redes sociales, ¿Por qué nos cuesta tanto dejar nuestro egoísmo? ¿Por qué no tenemos empatía? ¿Por qué nos cuesta tanto tener amor por todo lo que tenemos? somos tan ricos y a la vez tan pobres.

Tenemos dos noveles y no nos enorgullecemos, tenemos dos mares y no sabes utilizarlos, lo único q hacemos es destruir lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo.

James Nuñez Dueñas

Investigador

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jueves, 6 de mayo de 2021

¿Quién gana y quien pierde?

 

Desde el anuncio del gobierno colombiano de una nueva reforma tributaria que envío al congreso con nota de urgencia, se prendieron las alarmas en los sindicatos y gremios que hicieron un llamado a la ciudadanía para un paro nacional con el fin de que el gobierno retirara esta reforma.

La ciudadanía golpeada anímicamente por los más de 70 mil muertos por COVID, el desempleo que está en más de 20 millones de colombianos parados en capacidad productiva, las necesidades básicas insatisfechas en aumento, hasta el punto que en muchos hogares solo se consume una sola comida diaria, han creado una bomba de tiempo principalmente en las grandes ciudades del país, no solo en Colombia, sino en los países donde los ciudadanos mantienen un gran descontento con sus gobiernos.


Las estadísticas son alentadoras, se puede decir que en un 80% las marchas y los llamados fueron pacíficos y consiguieron su fin que era que el gobierno retirara la reforma tributaria. Pero a su vez, el gobierno nacional y economistas han realizado un llamado a estabilizar las cuentas del país, y urge una reforma con el fin de organizar la balanza del Estado.

Hay que aclarar, que el país, mantiene un endeudamiento del más del 55,4% del PIB para el año 2020, donde el gobierno invirtió gran parte de su presupuesto en programas como: Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Red Unidos, Ingreso solidario, Compensación del IVA, Tiendas para la gente, Casa Digna, Vida Digna, estos programas para el año 2020 tuvieron una inversión aproximada de los 10 billones de pesos.

Pero no todo es como parece, ya que la corrupción hace su aparición con datos como, para el año 2018, en el empalme de gobierno de Santos y de Duque, en el país se robaron casi 50 billones de pesos como lo informo la Contraloría General de la Nación. Así mismo, la procuraduría informó que tiene 900 investigaciones abiertas por irregularidades en manejo de dineros para apaciguar los efectos del Covid en el pueblo colombiano, es decir, se podría calcular otros tantos billones perdidos por corruptos que aprovechan su cargo público para ROBAR. 

¿Quién gana y quién pierde?

Las marchas en su gran mayoría han sido pacíficas, pero los desórdenes que se han presentado principalmente en Cali, Medellín y Bogotá parecieran hechos aislados o descontentos de miles de personas que están buscando ser escuchadas, pero la realidad puede ser otra. Desde el 2019 se pueden ver cambios en las estrategias de los vándalos, como ejemplo en Bogotá y Cali existe un factor común, es la organización para efectuar hechos vandálicos de forma sincrónica, la organización de los ataques de modo avispa y la coordinación de estos, utilización de métodos como en las protestas de Chile.

Con respecto a las confrontaciones, tras varias entrevistas en campo, aluden que en barrios suburbanos están reclutando jóvenes que les pagan entre 20 y 50 mil pesos para que se enfrenten a la policía, asignando roles, organizando las asonados y distribuyendo funciones. En terreno se pudo constatar, como hombres con acento extranjero daban órdenes para que la gente se moviera y agredieran a la Fuerza Pública, atacaran al comercio, y abrieran las puertas a vándalos para que robaran y saquearan supermercados.

Lo que debemos preguntarnos es ¿de dónde sale el dinero para pagar estos jóvenes? ¿Quién paga toda esta logística? ¿Qué buscan desestabilizando el país? estos hechos desafortunados hasta la fecha han dejado 30 muertos entre los que encontramos 13 por arma de fuego, dos oficiales de la policía asesinados con puñaladas, uno con 4 y otro con 15. Además, se reportan 400 civiles lesionados, 700 uniformados heridos, 20 buses incinerados, 63 establecimientos comerciales saqueados, 254 comercios vandalizados, 40 CAI destruidos, 52 CAI vandalizados, 100 bancos destruidos, 16 peajes devastados, 4 estatuas derribadas (incluida la de Antonio Nariño), 29 cajeros y dos gobernaciones destrozados, se destruyó la parte exterior de la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá; de la misma manera la Policía Nacional, junto con la Procuraduría informó que abrió investigación a 30 uniformados por abuso de autoridad.

Por otra parte, existen señalamientos donde aseguran que organizaciones como las disidencias de las Farc, el ELN, han puesto en marcha un programa que busca desestabilizar el país con estas protestas mediante tres pasos: 1. Destruir infraestructura crítica para el país, 2. Interrumpir la vida diaria de los ciudadanos, 3. Activar grupos vandálicos; a esto sumado un terrorismo hibridó desde el vecino país, por intermedio de sus células urbanas JM19, Movimiento Bolivariano de las disidencias de las Farc de “Gentil Duarte”, Los capuchos y grupos del ELN como las 8 y 9 de junio”.



Lo que es innegable, es que Colombia necesita un cambio, cambio que se debe dar desde el mismo CONGRESO donde realmente está el poder político y decisional del país, es ahí donde deben empezar los cambios fundamentales del Estado. Y no olvidar que la vida es SAGRADA, como pueblo tenemos que tener conciencia y escucharnos ¡ya es el momento de construir un país juntos¡ y garantizar una estabilidad para las nuevas generaciones, se vienen días difíciles donde volveremos a estar en cuarentena total ya que los muertos por día alcanzaran los mil por culpa del COVID-19 y no habrá abastecimiento de oxígeno que se necesita urgentemente.

Hemos ganado, todos los que nos hicimos escuchar sin violencia, respetado al otro; están perdiendo aquellos que con sus actos vandálicos han querido crear caos y un estado de anarquía.

James Nuñez Dueñas

Investigador

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miércoles, 28 de abril de 2021

Aspersión ¿Sí o No?

 


Con la expedición del decreto 330 del 2021 donde el presidente de la República autoriza retomar la aspersión aérea con glifosato, un centenar de personas han salido a oponerse y otras a apoyarlo, entre ellos muchos “expertos” que han demostrado lo poco que conocen Colombia, ¿pero por qué este tema divide tanto la población colombiana? y ¿Cuál es el interés superior de la nación en este caso en particular? 

                                                Fuente: Mindefensa
                                                
Desde los años 70 y 80 cuando comenzó la hecatombe para las selvas de Colombia y fueron invadidas de matas de coca nativas y traídas del Perú, por empresarios de las drogas que buscaban tener todo el engranaje y la maquinaria en el país que les permitiera tener el control sobre el negocio de la producción y el tráfico de cocaína principalmente desde Colombia para el centro, norte y sur América.

En esta metástasis, las miles de hectáreas que han sido deforestadas primero por colones que llegan rompiendo selva y después por cultivadores que compran estos terrenos a bajos precios, por esta razón entre el 70 y 80 % de los cultivos de uso ilícito se encuentran en territorios de la nación como parques nacionales o territorios baldíos. En este sentido, los cultivadores de coca se dividen en tres ramas:

1.      a. Personas que lo ven como un medio de subsistencia y para cubrir sus necesidades básicas.

2.      b. Personas que las obligan los grupos al margen de la Ley.

3.     c. La generación que ha continuado con el negocio (cultura) un arraigo social para la permanencia de los cultivos en zonas tradicionales.

A su vez, a pesar del esfuerzo por parte de múltiples autoridades para controlar la proliferación de estos cultivos, estos se han multiplicado como las amibas, entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué continua el sistema del narcotráfico creciendo a aun cuando los cultivos han disminuido?

Las razones pueden variar dependiendo de la región, pero por lo general existen unas transversales como son: primero, la falta de vías terciarias para sacar los productos de pan coger, segundo, la perdida de dinero por parte de los cultivadores debido a que los intermediarios pagan por debajo del valor real de los productos, tercero, no existen políticas locales claras que permitan la sostenibilidad de los campesinos en las diferentes regiones, cuarto, mientras que por un kilo de base de coca en zona de producción puede costar entre 2 y 3 millones de pesos, un racimo de plátano puede estar por el valor de los 10 y 20 mil pesos, así como un bulto de yuca o cacao y ni hablar del café.

Así las cosas, la desproporción de utilidades de uno frente al otro es evidente, pero ¿por qué a pesar de la situación existen campesinos que se niegan a introducir este tipo de cultivos en sus regiones?

 No se puede decir que la lucha antidrogas es un fracaso, ya que muchos departamentos de Colombia no poseen cultivos de uso ilícito, y eso se debe en gran medida al trabajo que ha desarrollado el gobierno en conjunto con ayuda de la cooperación internacional.


En cuanto a la utilización de la aspersión para disminuir el número de cultivos ilícitos en el país, la polémica se centra en el daño que esta puede ocasionar al medio ambiente, ¿pero en una balanza que hace más daño?, los cultivos ilícitos o la aspersión aérea?

Primero: los cultivos de uso ilícito afectan, por una hectárea sembrada dos de bosques, alterando la biomasa, alteración del hábitat de los mamíferos, aves, reptiles; contaminación de los afluentes de agua por la utilización del glifosato como plaguicida, así como la utilización de plaguicidas de alta toxicidad. Para el control de insectos, según información de campo, se utiliza la dosis de 1,5 litros por hectárea-cosecha. 

No solo es la contaminación por el cultivo, ya que ahí inicia el problema para el medio ambiente y para los habitantes de todas estas zonas, debido a que para la producción de un kilo de clorhidrato de cocaína se necesita cemento, soda cáustica, bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, urea, combustibles, ácido sulfúrico, amoniaco, permanganato de potasio, metabisulfito de sodio, Cloruro de calcio, carbón activado, ácido clorhídrico, acetona, MIBK, MEK, Disolventes alifáticos /acetatos, acetato de etilo, butilo, isopropilo, estas son unas de las muchas sustancias que se utilizan en el procesamiento de cocaína y que terminan en las fuentes hídricas que proporcionan agua y peces para su nutrición las comunidades.

Ahora bien, hasta la fecha son escasos los estudios que se han realizado al respecto, algunos han tratado de insinuar, que solo por la culpa de la aspersión la población se ha visto afectada, dejando de lado los daños por el cultivo y la producción de clorhidrato de cocaína.


No obstante, no se entrará en negacionismo de que la aspersión con glifosato no produce daños, ya que la población expuesta al glifosato puede sufrir de irritaciones dermales, oculares, náuseas, mareos, problemas respiratorios, aumento de la presión sanguínea y reacciones alérgicas, y en algunos casos como lo han expuesto, puede ser el causante de cáncer.

 Pero la aspersión no solo sirve para el control de cultivos ilícitos, sino además para proteger la vida de aquellas personas que están involucradas en recoger la hoja, cultivar la planta y los erradicadores manuales, ya que los cultivos son protegidos con minas antipersonas, son armas silenciosas, puestas en muchos casos por los dueños de los cultivos con el fin de atacar a la Fuerza Pública, pero en muchas ocasiones son ellos mismos los que pisan estos artefactos explosivos que causan daños en su humanidad, desmembrándolos.

Por otra parte, la aspersión también evita las asonadas, por parte de cultivadores y trabajadores contra la Fuerza Pública para tratar de retrasar la erradicación de los cultivos.

Como resultado de este producto de la criminalidad que se teje alrededor de los cultivos ilícitos, es la corrupción en los espacios donde están las siembras de coca ya que a pesar de las ayudas para actividades de pancoger y proyectos productivos recibidos continúan sosteniendo cultivos de uso ilícito, se debe reflexionar que a pesar de que hay tanta plata por la droga, la vida de las comunidades es precaria, las necesidades básicas insatisfechas aumentan, mientras unos viven como ricos, otros en completa miseria, siendo observado por los niños como un modelo para seguir por estas generaciones que no ven una salida viable para este círculo vicioso que se ha tejido alrededor de los cultivos ilícitos.  Dicho brevemente, ¿será que a los colombianos nos pasará lo de los zapalotes?, ¿seguiremos atrapados en una confrontación donde todos tenemos la razón y justificamos la destrucción del medio ambiente para poder sobrevivir?, La respuesta a esto es que nos falta empatía entre los colombianos o será que está arraigada ¡el sálvese quien pueda¡

James Nuñez Dueñas

Investigador

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viernes, 23 de abril de 2021

¿Por qué los matan? PUERTO RICO CAQUETÁ Y LA VIOLENCIA QUE NO SE VA

 

Pareciera que soñar con ayudar a la sociedad fuera un pecado en nuestro país, contribuir con el control del delito bajo los estándares constitucionales y como un bien público que viene dado por la propia comunidad y, en especial, soñar con una Colombia mejor, pareciera un sueño lejano. De la misma forma, la violencia verbal y física, particularmente de insultos y golpes, fuera el diario de los Policías que dejan su casa y familia para servir a la sociedad. Es así que el pasado 22 de abril de 2021, fueron asesinados dos patrulleros de la Policía Nacional que respondían a los nombres de Ana Beatriz López y Juan David Vela, quienes no superaban los 25 años de edad, no obstante, esta región del país ha sufrido desde mucho antes de que ellos nacieran la inclemencia del conflicto y la violencia sobre todo de la guerrilla de las FARC, sin embargo, después de la firma del acuerdo de paz en esta región se ha disminuido los casos como el que se está reseñado.

                                  Policías asesinados en Puerto Rico Caquetá

Precisamente esta región del país ha tenido una transformación en cuanto al conflicto si así se quiere ver, como quiera que ni siquiera la Policía Nacional en los primeros años del siglo XXI podía patrullar en parejas o en moto, las patrullas que conformaba el comandante de estación de policía de esa jurisdicción debían hacerse de mínimo 6 policías si el pie de fuerza lo permitía, y sino simplemente no se patrullaba el pueblo porque era tanto el asedio de la guerrilla de las FARC que era casi imposible salir sin exponer la vida. No olvidemos que este municipio era el más cercano a la zona de distensión creada durante el gobierno de Andrés Pastrana por allá en el año de 1998 para adelantar las conversaciones con la guerrilla de las FARC, proceso que fracasó e incluso le permitió a esa guerrilla fortalecerse militarmente.


Fue precisamente esa fortaleza militar la que les permitió crear terror en Puerto Rico Caquetá, que aunque en este se ubicaba el Batallón Cazadores que antes y después de la zona de distensión su ubicación habitual era San Vicente del Caguan, durante el tiempo que duro dicha zona, fue ubicado en Puerto Rico, no obstante también sufría las inclemencias de la fortaleza militar que en ese momento tenían las FARC y era objeto de constantes ataques a través de emboscadas, minas antipersonales tipo sombrero chino. Sin embargo, la policía fue quizás la más afectada, ya que por ejemplo durante el año 2001 y 2002 le asesinaron cuatro (04) policías a través del denominado plan pistola, y el pie de fuerza de esta estación era de tan solo 12 policías, entonces ya sabrán la magnitud de estos ataques. Dos de estos policías fueron asesinados precisamente cuando prestaban el servicio de escolta o de protección a alcalde de esta municipalidad, quien posteriormente fue condenado porque hacia parte del plan para asesinarlos.

Pero la Fuerza Pública no ha sido la única afectada por la violencia en este municipio recordemos el hecho que sucedió en mayo de 2005 cuando las FARC irrumpieron en el casco urbano del municipio y atacaron vilmente a los concejales que sesionaban en las instalaciones del Concejo Municipal y desde una camioneta que tenía instalada una ametralladora asesinaron a cinco funcionarios, de ellos cuatro era concejales de los 12 que habían sido electos para el periodo 2003 – 2007.

Cuatro de los 12 concejales electos en Puerto Rico para el periodo 2003 – 2007 fueron asesinados en la masacre de 2005. Foto: Archivo Diario del Caguán. 

Otro de los hechos que también marco la violencia en este municipio fue cuando gran parte de la familia Turbay Cote fue vilmente asesinada en la vereda la esmeralda de este poblado, esto sucedió el 29 de diciembre de 2000, en este hecho perdieron la vida el congresista Diego Turbay, su mamá y siete personas más cuando iban a la posesión del alcalde de Puerto Rico, José Lizardo Rojas.

 

Así mismo, la administración municipal también fue víctima de la violencia por parte de las FARC, pues el mismo alcalde José Lizardo Rojas fue asesinado en agosto de 2001, siendo objeto de un ataque sicarial frente a su vivienda mientras dialogaba con algunos vecinos de la población, así lo reseñaba en su momento el diario El Tiempo. La misma suerte corrió el alcalde que después fue encargado por el gobernador para tomar las riendas de este municipio de nombre William Lozano, quien fue ultimado en enero de 2002. De igual forma la fiscalía también fue objeto de hechos criminales, pues unos sicarios asesinaron a Javier de Jesús Restrepo Carvajal, quien se desempeñaba como fiscal 18 seccional, así fue reseñado por caracol radio en su momento.

 Entonces, quizás la violencia nunca se ha ido de puerto Rico Caquetá, no obstante la gente trabajadora y la comunidad estaban sintiéndose en los últimos años tranquilos, pero con este hecho donde perdieron la vida dos patrulleros de la policía que prestaban su turno de vigilancia en moto se puede vislumbrar que los grupos armados quieren volver a sembrar el terror en este municipio, por lo pronto los policías que están asentados en esta región deben extremar las medidas de seguridad y si es el caso evitar este tipo de patrullajes en moto o realizarlos en coordinación con la unidad militar más cercana.

Pues no es un secreto que de este municipio han salido guerrilleros que hacían parte de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc como Arnobio Ramos que en el año 2002 fue quien perpetró el secuestro del avión de aires que fue obligado aterrizar en una carretera del huila.


WILMER GUACA CASAS

Investigador de conflicto y edutuber

aletheiainvestigaciones@gmail.com

Twitter: @jnd0072000

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miércoles, 21 de abril de 2021

Guerras recicladas -LA FRONTERA DEL PUTUMAYO EL NUEVO “HÍBRIDO” DE LA VIOLENCIA

 

    


    En 2019, los departamentos de Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador) aportaron 24 % y 16 %, respectivamente del total de las 154.475 hectáreas de cultivos de coca reportadas; el reciente estudio SIMCI indica que en Putumayo al menos fueron detectadas 24.973 hectáreas sembradas con matas de coca en ese mismo año. Si acudiéramos a la serie histórica, tendríamos que entre los años 2001-2019 los municipios de Puerto Asís, San Miguel, y Valle del Guamuez han estado intermitentemente entre los 10 municipios con mayor cantidad de coca sembrada durante los últimos cinco años.

     Otro estudio reciente, da cuenta que, en Putumayo, los cultivos de coca se ubicaron hacia la frontera con Ecuador. Los grandes núcleos de producción con las mayores densidades de siembra (hasta de 40 ha/km2) se presentaron hacia la frontera con Ecuador, por el río San Miguel, centros poblados Jordán de Guisia, Jordán Ortiz, Aguas Blancas, El Maizal, El Chiguaco, El Venado, Nueva Palestina, Los Uvos y Puerto Colón, en donde se incrementó la densidad con respecto a 2018. También se presentaron altas densidades por los ríos San Juan, Vides y Piñuña Blanco, con estabilidad en la densidad de siembra. En esta última medición, una alta concentración de los cultivos de coca y otras características relacionadas con la producción propiciaron la conformación de enclaves productivos como Frontera Putumayo.

De acuerdo con el informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos (SIMCI), 2019: “…un enclave productivo se define espacialmente como aquel territorio que en los últimos cinco años ha presentado una concentración de cultivos de coca altamente significativa (puntos calientes) y donde es posible identificar características diferentes al resto de la región (variedades, rendimientos, manejo cultural, densidad de siembra). Así mismo, es posible reconocer una tendencia a la integración y encadenamiento in situ y posible especialización de procesos productivos (cultivo y procesamiento)...” (UNODC, 2020, p.38). Es decir que en estas zonas se crean condiciones propicias para la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo en Colombia y el exterior.

    Frente a lo anterior, para el caso de la frontera Putumayo: para 2019 este enclave concentró el 5 % del total nacional sembrado y 13 % del total sembrado en enclaves (cerca de 7.500 ha), 1,3 veces más que lo reportado en el 2015 y 17 veces más que lo registrado en 2010. Adicionalmente, muy cerca se encuentra el enclave Piñuñas, en proceso de consolidación, que, si bien registra una reducción de 37 % frente al área reportada en 2015, tiene una tendencia general al incremento (Atlas de aproximación UNODC, 2020, p. 29).

    El acuerdo de paz estableció una temporalidad para el tema de sustitución (julio de 2017) y una de las puestas en marcha para brindar las condiciones de la Paz estable y duradera era o es darle cumplimiento a los puntos 1 y 4, para éste último se creó El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, que tuvo su impacto en esta región de la Amazonía pero que no fue lo suficientemente efectivo, conforme a consideraciones que no se tratan aquí, empero si es prudente mencionar que dicho programa no era un espiral infinito de vinculaciones, es decir que no hay después del 2017 más familias PNIS. Las cifras indican que vincularon al programa 20.347 familias, es decir un promedio de 80.000 personas (4 x familia), eso significa un equivalente al 22% del total de la población (369.332 del departamento del Putumayo; oficialmente se habla de un cumplimiento del 86%, sin embargo, otra es la información en terreno.

    Las anteriores circunstancias, han generado que nuevamente los grupos armados al margen de la Ley, hayan retomado y quieran retomar este tipo de economías ilícitas no solo las derivadas del narcotráfico, sino también las relacionadas con la explotación ilícita de oro, madera, contrabando de combustibles y otros bienes, tráfico de armas y municiones, trata de personas y otras actividades ilegales que sin duda generan zozobra y miedo en la población y que para el caso de la frontera (Colombia – Ecuador) se convierten en el escenario perfecto para generar todo tipo de violencias derivadas de la delincuencia y el crimen organizado Transnacional. A continuación, se relata algunas facilidades y otras consideraciones que han sido objeto de estudio y análisis por importantes organizaciones, que facilitan la delincuencia y el crimen Nacional y Transnacional, las cuales se analizan a continuación.

    Facilidades en la ruta del tráfico de drogas en el Putumayo

    Una de las rutas identificadas es la que desprende desde Santa Rosa en Cauca, por la troncal del Magdalena, pasando por Villagarzón, Puerto Caicedo y Puerto Asís, donde se divide hacia Orito y continúa por la troncal hasta San Miguel en la frontera con Ecuador. A su vez, la producción de cocaína de Putumayo tiene como destino Tumaco en Nariño, desde donde se transporta en lanchas rápidas hacia Centroamérica; se direcciona hacia Ecuador para venderla a cárteles transfronterizos o se dirige hacia el centro del país para el consumo interno. Así mismo, la producción del medio Putumayo se centraliza en Puerto Asís y se dirige hacía Villagarzón y Mocoa para tomar la vía hacía Pitalito, Huila, y de allí hacía Bogotá y otras ciudades principales. Otra ruta es la que desde Puerto Asís por vías terciarias hacia el caserío Teteyé, buscando la frontera con el Ecuador y la que conduce desde el centro poblado Puerto Vega en Puerto Asís, siguiendo el río Putumayo hacia el Ecuador.  Una ruta importante es desde La Hormiga por vía terrestre hacia el centro poblado Santa Ana en Puerto Asís para seguir su conexión con Villagarzón. Asimismo, desde La Hormiga por vía terrestre hacia Puerto Colón en la frontera con el Ecuador. En general, la producción de Putumayo busca la salida hacia Ecuador aprovechando los ríos San Miguel y Putumayo. Finalmente, la ruta que sigue por el cauce del río Putumayo, desde Puerto Leguízamo hasta Puerto Asís, donde se conecta con la ruta terrestre que va de Puerto Caicedo a San Miguel en la frontera con Ecuador. 

    Facilidades en el contrabando de sustancias químicas en el Putumayo 

    Rutas desde Pasto, por vía terrestre, sigue hasta el centro poblado Puerto Limón, en Mocoa, y pasa por Villagarzón donde toma el río Caquetá para seguir su rumbo hacia el centro poblado La Tagua en Puerto Leguízamo. Esta ruta surte de sustancias químicas la producción de cocaína de Piamonte en el Cauca, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. Otra ruta desde Pitalito, Huila, con sustancias que provienen de Neiva, hacia Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo y Puerto Asís para la producción de cocaína de Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Valle del Guamuéz. Esta ruta tiene un desvío en el centro poblado Santa Ana, en Puerto Asís, hacia La Hormiga para llegar a la cabecera de La Dorada, en San Miguel, con destino a los núcleos de producción de Villagarzón, Valle del Guamuéz y San Miguel. Así mismo el Ingreso y salida de sustancias desde Ecuador por el río San Miguel; desde Puerto Colón, en San Miguel, hasta Puerto Colombia, en Puerto Asís.  

Fuente: Atlas de aproximación UNODC, 2020

 

    Facilidades en los pasos fronterizos en el Putumayo

    A lo largo del área fronteriza colombo-ecuatoriana, existen alrededor de 60 pasos no autorizados a lo largo del área fronteriza colombo-ecuatoriana, , utilizados, en general, para el contrabando de productos de primera necesidad y de combustibles, así como para el tráfico de drogas y armas. En Putumayo, los pasos no autorizados localizados sobre los ríos San Miguel y Putumayo están relacionados con el tránsito de grupos armados organizados (GAO/GAOR) y en Puerto Asís y San Miguel, con el narcotráfico. Estas son áreas con presencia de disidencias de las Farc.

     Presencia de grupos armados en la frontera

     Un reciente informe nos indica sobre los principales grupos irregulares armados que actúan frente a la zona de frontera norte del Ecuador. El documento de origen militar da cuenta en la frontera de la presencia de:

     Frente 48, cuyo líder sería alias “el político” y cuya zona de influencia sería: Municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Orito, Puerto Leguízamo, Piñuña Negro, Piñuña Blanco, Puerto Ospina y los ríos Putumayo y San Miguel. En cuanto a sus integrantes estarían Exmiembros de la Columna Móvil Teófilo Forero, ex-FARC. En cuanto a su conformación se habla de 80 a 100 efectivos aproximadamente.

    La Constru, cuyo líder sería alias “Andrés” y cuya zona de influencia sería: Parte de los ríos Putumayo y San Miguel, En cuanto a sus integrantes estarían exmiembros del Frente 48, ex-FARC. En cuanto a su conformación se habla de 50 a 60 personas aproximadamente.  

    Sobre lo anterior, es importante precisar que a mediados de los meses de agosto y septiembre de 2020, se conoció en medios de comunicación una denuncia pública de una ONG, donde advertir la presencia de un grupo armado denominado “Comandos de la Frontera, CDF”. Al parecer, sería la misma organización conocida en la zona del bajo Putumayo como “La Mafia”, pero cambió su nombre para desligarse de varios crímenes contra líderes sociales, entre ellos el líder social Marco Rivadeneira. Ya para el 23 de diciembre de 2020, circuló un panfleto a nombre de “Comandos de la Frontera, CDF” en el cual dictan órdenes expresas  a la junta de dirección de la Zona de Reserva Campesina, los Comités de Mujeres, los Comités Ambientales, la organización ADISPA, las cuales deben renunciar a sus procesos en general y el pasado 22 de febrero de 2021, hacia las 8:00 p.m se conoció la circulación de un vídeo, donde integrantes de la estructura denominada “Comandos de la Frontera, CDF”, realizaron una ronda de control en la población de Siberia del municipio de Orito Putumayo, otro video fue anunciado por las red sociales del mismo actor armado.

    Ahora bien, el informe Ecuatoriano señala que, la presencia y aumento de los grupos disidentes tienen que ver con las divisiones que se producen en la sociedad, lo cual estimula la disgregación de los grupos armados. Luego las políticas de paz constituyen otra razón para que se produzcan las disidencias: “…El inicio y desarrollo de un proceso de paz influye en la formación de disidencias porque crea divergencias entre quienes lo apoyan y los que prefieren mantenerse en la guerra...” (Cronin, 2011; Stedman, 1997; Pearlman, 2008, 2009). En otras palabras, las negociaciones de paz entre el Estado y el grupo rebelde pueden ser responsables del aumento de la fragmentación y la violencia. Analizadas estas dos causas del conflicto colombiano, como es el aumento de cultivos de coca y el surgimiento de las disidencias, se puede determinar la coyuntura y la relación directa entre estas dos variables, las cuales promocionan y tienen como fin común el incentivo y protección del narcotráfico.

    Finalmente, el documento no ahorra palabras para definir a esta situación fronteriza como un “conflicto híbrido” y asegura que una de los procedimientos de los grupos armados organizados (en Ecuador denominados GIA), es eludir por todos los medios las concentraciones de elementos para evitar ser detectados por los aviones de inteligencia colombianos y norteamericanos. Se dividen en cuadrillas tácticas y evitan utilizar la comunicación mediante radios, telefonía y celulares para eludir las detecciones y bombardeos. Estos grupos operan, sobre todo, de forma aislada y en la frontera colombo-ecuatoriana, especialmente en los sectores aledaños a los corredores del Pacífico Sur y del Putumayo-Caquetá, por la débil presencia institucional y militar de Colombia en este sector y por las condiciones geoestratégicas propicias para el desarrollo de estas actividades ilícitas. Sus acciones sobrepasan la frontera y son verdaderas amenazas latentes para Ecuador (Conde, F., & Orbe, M. 2020 p. 38).  

    Es preciso mencionar, que actualmente hay una disputa por el control territorial y el interés estratégico tal como se demostró en las rutas y facilidades ya mencionadas, donde Las autoridades han identificado que disidentes del frente primero y una estructura denominada “Carolina Ramírez” cumplen las órdenes de alias “Gentil Duarte”, quien tiene el control del negocio del narcotráfico en el suroriente del país y quien ha declarado una dura confrontación con los integrantes del frente 48 quienes, para los organismos de inteligencia, están dedicados al negocio del narcotráfico. Esta confrontación hasta el mes de octubre de 2020 habría dejado más de 15 muertos de ambas organizaciones al margen de la ley.

    Una investigación académica reciente del año 2021, profundiza de manera significativa el riesgo en tanto que define que en los departamentos de “..Caquetá, Nariño y Putumayo se ha venido fraguando un cuadrado perfecto para la violencia, ya que no solo están presentes las disidencias de las FARC sino que a este comistrajo se adhiere el Ejército de liberación Nacional -ELN y el Clan del Golfo como mega estructura.

    Define a su vez que, “..Cada mega estructura posee grupos más pequeños cofinanciados y reagrupados por otros más grande como “La Constru”, “La Mafia - está conformado por antiguos integrantes de lo que fueron los frentes 32, 48 y 49 de las Farc”, “Los de Sinaloa” disidencias del frente 48 que conformaron “los Comandos de Frontera-CDF”, la cual controla las rutas del narcotráfico a través de Ecuador (manta-guayaquil-Estados Unidos) conexiones con la Familia del Norte y el Comando de Vermalho las dos organizaciones criminales más grandes en Brasil para la comercialización de cocaína…”

    Menciona también, “…hacia el sur del departamento existen estructuras más pequeñas como las denominadas “Los Escorpiones”, “Los Niches”, “Los Azules” y “Los Cobra” que se dedican a cobrar sobre el gramaje y la utilización de rutas del narcotráfico, estos grupos son la tercerización de los más grandes y ayudan al control social de estas estructuras criminales…” (block aletheia, marzo de 2021)

  

Homicidios y afectaciones a líderes sociales

     Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta 2019, se ha presentado una aparente reducción de los asesinatos en los municipios de frontera, pues en 2016 estos concentraron el 70 % del total de afectación en los dos departamentos de Nariño y Putumayo. Un dato importante son los que se registran en INDEPAZ, que permiten ubicar los hechos para el 2019 y se señala que para el caso Putumayo los casos se dieron en Puerto Asís (4 personas) y San Miguel (1 persona). De estas 17 personas que perdieron la vida, la misma fuente los caracteriza en perfiles de liderazgo del sector social afrodescendiente, campesino, campesino comunal, campesino comunal asociados al programa PNIS e indígenas.

     Recientemente se presentó la muerte violenta de la Autoridad tradicional en su calidad de Alcaldesa Mayor, lideresa y médica Tradicional Mamá María Beneranda Juajibioy y su nieta Jazzlin Camila Luna Figueroa, así mismo otras dos mujeres resultaron lesionadas en el mismo hecho. Lo preocupante de este caso es que en la zona donde ocurrieron los hechos se ha indicado la presencia del grupo autodenominado “comandos de la frontera”, a esto se suma que dicho grupo vendría instigando y obligando a las comunidades a “proteger” los cultivos de hoja de coca que son objeto del programa de erradicación, las exigencias no contemplan si son o no dueños de los predios y ante la negativa se rumoran retaliaciones. Esta situación, pone en riesgo de manera significativa a los líderes y lideresas sociales especialmente los comunales y el liderazgo étnico.

     Es preciso señalar que, de darse vía libre a la fumigación, se corre el riesgo de provocar una ola de protesta social a gran escala en las zonas rurales de Colombia. Recordemos que, en el departamento del Putumayo sobre en 1996, tras la puesta en marcha del programa, incluso tuvo impacto en gran parte de las zonas rurales de Colombia donde se paralizaron durante semanas o meses debido a las protestas de los cocaleros, en su mayoría pacíficas, que estallaron en todo el país. Hoy en día, los cultivadores están aún mejor organizados que hace 25 años. No obstante, el riesgo de afectación a la vida e integridad de los lideres y lideresas sociales, así como de defensores/as de derechos humanos sería mayor, si tenemos en cuenta que gran proporción de los homicidios después del año 2016 recaen sobre líderes y lideresas sociales con la tipología de comunales.

 

    Aproximación a una salida al fenómeno

   El pasado 12 de abril de 2021, el Gobierno Nacional, emitió un decreto en el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones. Se trata de un marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. Aunque la iniciativa de retomar la aspersión, que fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales, será este mismo quien estudie las formalidades para retomar la aspersión en Colombia.

     Por todo lo expuesto anteriormente, es altamente probable que, en el departamento del Putumayo, se agudice la violencia en todas sus manifestaciones; es preciso señalar que actualmente se adelantan procesos de erradicación que han tenido la resistencia de la población campesina y que suman al menos 30 incidentes con las tropas que adelantan dichas jornadas.

 

    Es preciso señalar que se requiere una atención especial por parte del Gobierno Nacional, si bien la erradicación es una estrategia del orden Nacional, se considera prudente crear las mesas municipales de inversión social donde confluyan familias NO PNIS y desde donde se puedan presentar proyectos de reestructuración económica, productivos, de infraestructura, etc. Se debe aprovechar la estrategia “hecho a la medida”. Lo más sensato podría ser la creación de una estrategia o ruta con la dirección de sustitución donde familias a quienes se les va a erradicar y que por iniciativa propia quieran sustituir, se les dé un “compas” (ejemplo 2 meses) y se suspenda temporalmente la erradicación y de la mano lograr la creación de una oficina de Paz Regional (Departamental), la cual se debe considerar con recursos de la OACP o de la comunidad internacional. Se hace necesario crear un solo espacio de articulación para hacerle seguimiento al Acuerdo de Paz, con una ruta de avances y con especial seguimiento a los puntos 1 y 4 y por qué no generar una propuesta gruesa y pensada en prospectiva y es la de presentar en el OCAD PAZ un proyecto integral que beneficie a los 13 municipios del departamento del Putumayo.

 

" Paz, es que tengamos una justicia limpia porque leyes ya tenemos " (D.R.A.)


Mg. José Alexander Africano Macias

Investigador

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