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viernes, 14 de abril de 2023

Desnarcotizando el conflicto colombiano

 

















Fuente: Mindefensa - Policía Nacional.

Colombia es el primer país en producción de cocaína en el mundo, según Naciones Unidas para el año 2021, con una producción potencial de clorhidrato de cocaína (100 % de pureza) cerca de un millón seis cientos sesenta y nueve mil (1.669.000) kilos de (Clorhidrato de cocaína), y con un área de 204.000 hectáreas[1] cultivadas.  Algo así como tener a Bogotá junto con Chía y Soacha sembradas de matas de coca, con infraestructuras para la producción de base de cocaína cada dos hectáreas y unas construcciones de procesamiento de clorhidrato de cocaína cada quince hectáreas. Las multimillonarias ganancias que ha dejado este negocio por casi cinco décadas han contribuido a un desgaste cultural, una creciente criminalidad y un sostenimiento del conflicto armado colombiano.


Fuente: Mindefensa - Policía Nacional.

Pero ¿Por qué algunos desean desnarcotizar el conflicto en Colombia? Primero, se tiene que decir que, para Colombia se ha vuelto una utopía, alcanzar el sueño de paz en su territorio, un país que tiene todos los pisos térmicos, rico en minerales y petróleo, así como en producción de alimentos, se podría pensar que el paraíso (para vivir y comercial) es este país que lo tiene todo y no ha podido avanzar para ser potencia mundial. Pero, causa gran preocupación escuchar a los supuestos expertos que hablan de desnarcotizar el conflicto para llegar a una paz total; más aún, leyendo la prensa nacional, encuentro en menos de una semana dos artículos (editoriales) que solicitan desnarcotizar el conflicto, entre incongruencia y falacias de los escritores sin sustento, solo la que les da su imagen, quieren que los colombianos obvien la narcotización de los grupos criminales y le apuesten a la paz total. Pero si todo fuera tan sencillo, ya se hubiera acabado el conflicto hace más de dos décadas, pero lastimosamente, hoy es más duro y macabro que nunca.


                                            Fuente: Mindefensa

El conflicto armado en Colombia cambió a partir de los años 90, con el fin de los grandes cárteles de las mafias que fueron reemplazados muy rápidamente por las guerrillas (Farc, ELN y Paramilitares), que se alimentaron de los recursos del narcotráfico para hacer crecer, no solo sus arcas, sino, sus ejércitos privados (Hombres, armas, medios de comunicación, entre otros) para comienzos de siglo, las guerrillas de las Farc demostraban su poderío en el sur del país, realizando ataques guerrilleros a cabeceras municipales dejando pueblos enteros destruidos, y miles de víctimas, mientras los paramilitares, se posesionaban en el occidente, centro y norte del país, mientras el ELN seguía sus principios y no deseaba ingresar en el negocio de las drogas para no contaminar sus principios… Estos valores no durarían mucho.

Para la época, tanto las Farc como los paramilitares tenían algo en común, y era que sus recursos provenían principalmente del narcotráfico[1] como ha quedado demostrado con el paso del tiempo, millones de dólares que les produjo este negocio y les sirvió para mantener una confrontación con el Estado. Es preciso aclarar, que el negocio del microtráfico y el narcomenudeo no había sido explotado de manera significativa por estas organizaciones entre los 90 y 2000. Tal vez, si los presidentes hubieran puesto más atención a todo lo que rodea, a cada una de las organizaciones, NO se hubiera fracasado como el Caguán.

Después de la dejación de armas de los paramilitares (2005) y un proceso de negociación con las Farc (2016), se llegó a creer que Colombia podría ingresar a una autopista para alcanzar la paz, pero desafortunadamente, este investigador, realizó alertas sobre lo que podía pasar, y esto por cuenta de la empresa criminal del Narcotráfico que por décadas ha venido alimentado al país en un conflicto sin fin, así se les diera perdón y olvido a las organizaciones, saldrían nuevos grupos, y está comprobado con las dos desmovilizaciones que ha habido en los últimos 20 años (paramilitares y Farc), en el caso del primero, se llegaron a contabilizar más de quince organizaciones que se disputaban el territorio y, frente al segundo, se dividió en dos principales y más de ocho secundarias, inclusive, existe evidencia suficiente para decir que en la actualidad estos grupos funcionan de forma independiente (forma confederada) como viene funcionando el ELN. Hoy en día, se conocen cerca de cincuenta y cinco grupos criminales en todo el país, tres principales que se destacan: a. Grupos Armados Organizados Residuales, b. Ejército de liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Todos ellos con nexos con grupos extranjeros que los provén de armas, entrenamiento, estrategias para captar territorio donde exista presencia el sistema criminal de las drogas, extracción minera (la economía criminal varía conforme a la dinámica territorial y geográfica) y por efecto domino, captan la función pública del territorio (alcaldías o gobernaciones).

Frente a la pregunta anterior, se podría pensar que los que proponen desnarcotizar el conflicto, quieren experimentar a ver que sucede si se negocia con estos grupos desconociendo su economía criminal, o si, por el contrario, se entiende el funcionamiento y no se desnarcotiza los grupos, sino las regiones.    

Nota: El gobierno de los EE. UU ha empezado a enviar señales por la pobre lucha que antidrogas que está desarrollando el país, OJO ¿estamos a portas de una de una desertificación? El desbordado crecimiento de los cultivos ilícitos ha ocasionado que en algunas regiones se abandonen y el precio de la base disminuya, lo que no pasa con el clorhidrato a nivel internacional ¿Será que la erradicación manual era una reguladora del mercado?

 

James Nuñez Dueñas

Investigador

aletheiainvestigaciones@gmail.com

twiter: @jnd0072000



[1] Se debe aclarar que no es la única economía que soporta a estas organizaciones, ya que contaban con la explotación minera, el secuestro y la extorsión como sus principales fuentes de financiación.





[1] SIMCI 2021








jueves, 16 de marzo de 2023

Colombia Primer cultivador y productor de cocaína en el mundo

 

                            Fuente: Policía Nacional, Dirección de Antinarcóticos.


La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su informe Mundial sobre Cocaína 2023, advierte que los cultivos de arbusto de coca aumentaron un 35% (en Colombia, Perú y Bolivia). Colombia seguirá siendo el primer cultivador y productor de cocaína, y, para el informe 2023 de SIMCI[1], puede estar entre los 250 mil y las 272 mil hectáreas. Esto podría indicar una producción potencial de 2 millones de kilos de clorhidrato de cocaína (algo así como unas 2 mil toneladas), con esta evidencia se puede asegurar que el narcotráfico, la criminalidad y el lavado de activos son problemas que aquejan a Colombia y podría decir que desnarcotizando el conflicto NO se podrá llegar a la paz total.

La desmovilización de los combatientes de las FARC que anteriormente controlaban muchas de las áreas de cultivo de coca, así como la producción de cocaína del país, ha abierto el camino para que otros actores locales, así como las disidencias, el clan del golfo y el ELN e incluso grupos extranjeros de México y Europa lleguen a patrocinar el conflicto en Colombia, a hoy se cuentan cincuenta y cinco organizaciones en total. Además, el informe muestra que ha habido una proliferación de los llamados "proveedores de servicios o tercerización de la mano de obra", grupos profesionales que brindan ayuda en varias etapas de la cadena de suministro "Estos grupos extranjeros no tienen intención de controlar el territorio. En cambio, están trabajando para aumentar la eficiencia de las líneas de suministro. Su presencia ayuda a fomentar el cultivo de arbusto de coca y financiar todas las etapas del suministro", afirma el informe.

En este sentido, el primer pilar y donde empieza el actor criminal es la deforestación de miles de hectáreas, tanto para el cultivo de coca o para crear pastizales, entre otros; después ingresa el sistema del narcotráfico que ha tenido un impacto significativo en la economía y la sociedad colombiana. El cultivo y la exportación de drogas ilegales han sido una importante fuente de ingresos para muchos colombianos, sin embargo, también ha provocado un aumento de la violencia, la corrupción y la inestabilidad. El narcotráfico ha alimentado la formación de organizaciones criminales que han aterrorizado a las comunidades, provocando una pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales.

Además, el narcotráfico ha tenido un impacto negativo en la economía del país, ya que muchos recursos se han desviado a la producción y el tráfico de drogas, en lugar de dedicarse a actividades económicas más productivas. El vínculo entre criminalidad y narcotráfico está bien establecido. El narcotráfico es una empresa criminal que requiere una vasta red de individuos y organizaciones para trasladar las drogas de la producción al consumo. Esta red incluye capos de la droga, contrabandistas, ejecutores y funcionarios corruptos. Estas personas y organizaciones suelen participar en otras actividades delictivas, como la extorsión, el secuestro y el asesinato, para mantener su poder y control sobre el tráfico de drogas. El resultado es un ciclo de violencia y criminalidad que ha tenido un impacto devastador en la sociedad colombiana.

En cuanto al blanqueo de dinero procedente de la droga es una parte esencial del narcotráfico, y Colombia se ha convertido en un centro neurálgico de estas actividades. Los capos de la droga y sus socios utilizan diversos métodos para blanquear su dinero, como la creación de empresas de papel, empresas fantasmas y la inversión en negocios legítimos. Las consecuencias de esta actividad son de gran alcance, ya que permite a los narcotraficantes eludir la acción de la ley y continuar con sus actividades delictivas. El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico también repercute negativamente en la economía del país, ya que distorsiona la actividad del mercado y socava el Estado de Derecho.

En conclusión, narcotráfico, criminalidad, lavado de activos y cultivos ilícitos son temas interconectados que han tenido un profundo impacto en la economía, la sociedad y la política del país. El narcotráfico ha alimentado la violencia y la corrupción, provocando una pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales. El vínculo entre criminalidad y narcotráfico está bien establecido, y el tráfico de drogas sirve de centro para otras actividades delictivas. El blanqueo de dinero procedente de la droga permite a los capos evadir la aplicación de la ley y continuar con sus empresas delictivas. Es esencial que el gobierno y la sociedad trabajen juntos para abordar estos problemas y crear una Colombia más segura, próspera y en paz.

Es preciso reconocer que los cultivos ilícitos son fuente de violencia y por lo tanto no existen las condiciones necesarias para la construcción de la paz, las partes acordaron desarrollar un programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo (PNIS), liderado por el Presidente de la República. Recomienda el uso voluntario de una economía alternativa por parte de la comunidad y un acuerdo entre el gobierno nacional, los municipios y las poblaciones afectadas para la sustitución voluntaria y la no resiembra.

James Nuñez Dueñas

Investigador

aletheiainvestigaciones@gmail.com

twiter: @jnd0072000

[1] Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.

viernes, 3 de diciembre de 2021

Ecuador, entre la violencia y la criminalidad

América Latina por décadas ha sido el epicentro de la producción y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa; esto ha hecho que las organizaciones criminales busquen rentas más allá de las fronteras de las ciudades, consolidando verdaderos emporios criminales que venden marcas y patentes es los países latinoamericanos.


En el contexto descrito, las organizaciones han orientado su producción de capital hacia actividades ilícitas, destacando en particular el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el hurto de vehículos, el tráfico de especies en peligro de extinción y el robo de obras pertenecientes al patrimonio histórico y cultural, entre otras actividades delictivas. Este tejido delictivo ha ido extendiéndose a lo largo de los últimos años por diversos países del hemisferio, reclutando a nuevos miembros y asimilando procedimientos desconocidos para llevar a cabo sus acciones delictivas. La recopilación de este conocimiento criminal ha permitido a estas organizaciones expandir sus operaciones y adaptarse a entornos variados, consolidando así su presencia en distintas regiones.






Entre tanto, se apertura una creciente ola de estados que son sometidos a regímenes, los cuales sin importar su ideología les abren las puertas a estas organizaciones para conseguir réditos económicos y así continuar con el poder. Como lo menciona American Enterprise Institute (2017) “El Estado criminalizado se alcanza cuando el liderazgo superior [del Estado] tiene conocimiento y participa—ya sea activamente o por consentimiento pasivo—en nombre del Estado, en empresas criminales transnacionales, donde el crimen organizado transnacional se utiliza como un instrumento de gobierno y poder estatal, y donde las palancas del poder estatal se incorporan a la estructura operativa de uno o más grupos criminales. Es importante distinguir a un Estado criminalizado de un Estado no criminal que experimenta dificultades con la corrupción; los dos son fundamentalmente diferentes y deben ser tratados como tales por los decisores políticos”.

¿Pero esto como afecta a Ecuador? Sin duda los hechos de los dos últimos años han puesto en evidencia que el continente americano se ha transfigurado, poniendo de nuevo la movilización humana como centro de esa transformación. Oleadas de ciudadanos migrando por oportunidades laborales, forzadamente o simplemente buscando refugio por los malos gobiernos que se han tomado los países de este continente.

Ante estas migraciones nacen los indocumentados, llegan a los territorios en busca de mejores oportunidades para prosperar, tener una calidad de vida, y así cubrir sus necesidades básicas. Tras esas migraciones de personas que quieren luchar para conseguir oportunidades, lastimosamente vienen algunos (en algunos casos enviados o simplemente a conocer el terreno para instalarse) abrir ventanas de oportunidad criminal.

Otra variable es la ubicación de Ecuador, su salida por el océano pacifico ha sido muy apetecida por las organizaciones narcotraficantes, ya que, con medios sofisticados, tienen acceso a casi cualquier punto del Océano Pacifico; ejemplo de ello, fue el alijo de drogas que salió a mediados del 2021 entre la frontera entre Colombia y Ecuador y que llevaba como destino el País de Australia, y su valor se aproxima a los 257.400.000 millones de dólares, esta riqueza fortalece a los grupos criminales mediante poder pagar más hombres, armas, entrenamiento y corrupción.

Otro punto es el uso de las organizaciones tradicionales (Cómo los cárteles mexicanos o los grupos Almargen de la Ley Colombianos) que utilizan de plataforma a este país para poder llegar a Centro América o directamente a Norte América.


De igual manera, Ecuador es el único país dolarizado en la región, así que es mucho más fácil poder recibir las encomiendas en esta moneda y poder distribuirlas en los países vecinos, el cambio de moneda favorece a los actores armados que utilizan la porosidad de las fronteras para transitar, no solo con armas, sino también con dinero y aprovechar a los inmigrantes que son en ultimas el eslabón más débil y que sufre las consecuencias de apoyar esta actividad.

Ejemplo de ello es en el tapón del Darién en Colombia, los inmigrantes cuando pasan la frontera entre Colombia y Panamá, son forzados a llevar droga, so pena de ser asesinados por negarse.

Entonces, tratar de entender la situación de Ecuador como simple delincuencia que han traído actores armados externos, abre una ventana a la mala planificación de las políticas públicas que el gobierno pueda elaborar.

 Ahora bien, si por el contrario se estudia la complejidad de esta violencia desde diferentes aristas, como es el caso de la pobreza donde más de 5 millones de ecuatorianos viven en pobreza y pobreza extrema de los 17 millones que hoy conforman a la población total; o analizar la tasa de empleo donde solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo formal, permite visualizar que rumbo debe tomar no solo las políticas criminales, sino sociales.

Ahora bien, qué situación se está presentando en las calles, que está llevando a tanto joven a ser captado por los grupos criminales que ofrecen un pago por sus labores y está haciendo que las cárceles se llenen de personas que pueden aportar al país, no solo económicamente, sino científicamente. Peor aún, como lo describe COBA Santiago, 2017 “Se debe destacar que el sistema judicial actual de una forma tradicional e histórica se manifiesta como ineficiente en la resolución de la criminalidad, elaborando nuevas legislaciones en las que se incrementa el periodo de privación de libertad de los infractores, pero no se realizan acciones que contemplen la recuperación y rescate de dichos infractores para la sociedad, evidenciándose que a mayores periodos de reclusión menores son las posibilidades de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad”.



Fuente: GETTY IMAGES

Así las cosas, la política carcelaria, parecería que se ha quedado en el tiempo, siendo, arcaica e inquisitiva, y peor aún, muchos presos hoy en día no tienen sentencia judicial proferida por un juez, lo que nubla el panorama frente a los derechos humanos.

Ya que, realizando un análisis de los últimos hechos acontecidos en el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil, donde el 29 de septiembre asesinaron a 120 personas y algunos fueron descuartizados por sus compañeros de celdas.

Esto es simplemente el preludio de lo que puede pasar en el país, ya que estas guerras internas entre bandas son llevadas a las calles del país que podría vivir un fin de año pasado por sangre donde encontrar cuerpos descuartizados y familias enteras desplazadas de sus viviendas por no coincidir con el jefe de turno de la banda, será el desafío más grande que tendrá que enfrentar este gobierno para devolver la institucionalidad y la tranquilidad que ha gozado el país durante los últimos años.

Hay que anotar que, el crimen organizado, se adapta a cada país, sus políticas criminales, política y cultura social. Ellos estudian como pueden instaurar un orden paralelo (paraestado) coartando libertades constitucionales.

En conclusión, el crimen que esta viviendo Ecuador en sus cárceles y ciudades, prontamente será igual o peor, a la que se vivió en las favelas en Brasil, o la alta criminalidad que ha tenido Colombia, o el impacto que ha tenido México con la sectorización de los cárteles, donde en los últimos tres años han asesinado a más de 109.925 personas en vendettas de estos grupos. Frente a las incautaciones de drogas (cocaína y marihuana) solo en el 2021, se llevan 180 toneladas incautadas por parte de las fuerzas del Estado. Así, las cosas, se debe recalcar que la política criminal debe ir reforzada por una social que le quite la mano de obra a los grupos criminales que solo buscan el caos y el desorden social (anarquía).

James Nuñez Dueñas

Investigador

aletheiainvestigaciones@gmail.com

Twitter: @jnd0072000

https://aletheiainvestigaciones.blogspot.com/



 


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