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miércoles, 21 de abril de 2021

Guerras recicladas -LA FRONTERA DEL PUTUMAYO EL NUEVO “HÍBRIDO” DE LA VIOLENCIA

 

    


    En 2019, los departamentos de Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador) aportaron 24 % y 16 %, respectivamente del total de las 154.475 hectáreas de cultivos de coca reportadas; el reciente estudio SIMCI indica que en Putumayo al menos fueron detectadas 24.973 hectáreas sembradas con matas de coca en ese mismo año. Si acudiéramos a la serie histórica, tendríamos que entre los años 2001-2019 los municipios de Puerto Asís, San Miguel, y Valle del Guamuez han estado intermitentemente entre los 10 municipios con mayor cantidad de coca sembrada durante los últimos cinco años.

     Otro estudio reciente, da cuenta que, en Putumayo, los cultivos de coca se ubicaron hacia la frontera con Ecuador. Los grandes núcleos de producción con las mayores densidades de siembra (hasta de 40 ha/km2) se presentaron hacia la frontera con Ecuador, por el río San Miguel, centros poblados Jordán de Guisia, Jordán Ortiz, Aguas Blancas, El Maizal, El Chiguaco, El Venado, Nueva Palestina, Los Uvos y Puerto Colón, en donde se incrementó la densidad con respecto a 2018. También se presentaron altas densidades por los ríos San Juan, Vides y Piñuña Blanco, con estabilidad en la densidad de siembra. En esta última medición, una alta concentración de los cultivos de coca y otras características relacionadas con la producción propiciaron la conformación de enclaves productivos como Frontera Putumayo.

De acuerdo con el informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos (SIMCI), 2019: “…un enclave productivo se define espacialmente como aquel territorio que en los últimos cinco años ha presentado una concentración de cultivos de coca altamente significativa (puntos calientes) y donde es posible identificar características diferentes al resto de la región (variedades, rendimientos, manejo cultural, densidad de siembra). Así mismo, es posible reconocer una tendencia a la integración y encadenamiento in situ y posible especialización de procesos productivos (cultivo y procesamiento)...” (UNODC, 2020, p.38). Es decir que en estas zonas se crean condiciones propicias para la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo en Colombia y el exterior.

    Frente a lo anterior, para el caso de la frontera Putumayo: para 2019 este enclave concentró el 5 % del total nacional sembrado y 13 % del total sembrado en enclaves (cerca de 7.500 ha), 1,3 veces más que lo reportado en el 2015 y 17 veces más que lo registrado en 2010. Adicionalmente, muy cerca se encuentra el enclave Piñuñas, en proceso de consolidación, que, si bien registra una reducción de 37 % frente al área reportada en 2015, tiene una tendencia general al incremento (Atlas de aproximación UNODC, 2020, p. 29).

    El acuerdo de paz estableció una temporalidad para el tema de sustitución (julio de 2017) y una de las puestas en marcha para brindar las condiciones de la Paz estable y duradera era o es darle cumplimiento a los puntos 1 y 4, para éste último se creó El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, que tuvo su impacto en esta región de la Amazonía pero que no fue lo suficientemente efectivo, conforme a consideraciones que no se tratan aquí, empero si es prudente mencionar que dicho programa no era un espiral infinito de vinculaciones, es decir que no hay después del 2017 más familias PNIS. Las cifras indican que vincularon al programa 20.347 familias, es decir un promedio de 80.000 personas (4 x familia), eso significa un equivalente al 22% del total de la población (369.332 del departamento del Putumayo; oficialmente se habla de un cumplimiento del 86%, sin embargo, otra es la información en terreno.

    Las anteriores circunstancias, han generado que nuevamente los grupos armados al margen de la Ley, hayan retomado y quieran retomar este tipo de economías ilícitas no solo las derivadas del narcotráfico, sino también las relacionadas con la explotación ilícita de oro, madera, contrabando de combustibles y otros bienes, tráfico de armas y municiones, trata de personas y otras actividades ilegales que sin duda generan zozobra y miedo en la población y que para el caso de la frontera (Colombia – Ecuador) se convierten en el escenario perfecto para generar todo tipo de violencias derivadas de la delincuencia y el crimen organizado Transnacional. A continuación, se relata algunas facilidades y otras consideraciones que han sido objeto de estudio y análisis por importantes organizaciones, que facilitan la delincuencia y el crimen Nacional y Transnacional, las cuales se analizan a continuación.

    Facilidades en la ruta del tráfico de drogas en el Putumayo

    Una de las rutas identificadas es la que desprende desde Santa Rosa en Cauca, por la troncal del Magdalena, pasando por Villagarzón, Puerto Caicedo y Puerto Asís, donde se divide hacia Orito y continúa por la troncal hasta San Miguel en la frontera con Ecuador. A su vez, la producción de cocaína de Putumayo tiene como destino Tumaco en Nariño, desde donde se transporta en lanchas rápidas hacia Centroamérica; se direcciona hacia Ecuador para venderla a cárteles transfronterizos o se dirige hacia el centro del país para el consumo interno. Así mismo, la producción del medio Putumayo se centraliza en Puerto Asís y se dirige hacía Villagarzón y Mocoa para tomar la vía hacía Pitalito, Huila, y de allí hacía Bogotá y otras ciudades principales. Otra ruta es la que desde Puerto Asís por vías terciarias hacia el caserío Teteyé, buscando la frontera con el Ecuador y la que conduce desde el centro poblado Puerto Vega en Puerto Asís, siguiendo el río Putumayo hacia el Ecuador.  Una ruta importante es desde La Hormiga por vía terrestre hacia el centro poblado Santa Ana en Puerto Asís para seguir su conexión con Villagarzón. Asimismo, desde La Hormiga por vía terrestre hacia Puerto Colón en la frontera con el Ecuador. En general, la producción de Putumayo busca la salida hacia Ecuador aprovechando los ríos San Miguel y Putumayo. Finalmente, la ruta que sigue por el cauce del río Putumayo, desde Puerto Leguízamo hasta Puerto Asís, donde se conecta con la ruta terrestre que va de Puerto Caicedo a San Miguel en la frontera con Ecuador. 

    Facilidades en el contrabando de sustancias químicas en el Putumayo 

    Rutas desde Pasto, por vía terrestre, sigue hasta el centro poblado Puerto Limón, en Mocoa, y pasa por Villagarzón donde toma el río Caquetá para seguir su rumbo hacia el centro poblado La Tagua en Puerto Leguízamo. Esta ruta surte de sustancias químicas la producción de cocaína de Piamonte en el Cauca, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. Otra ruta desde Pitalito, Huila, con sustancias que provienen de Neiva, hacia Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo y Puerto Asís para la producción de cocaína de Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Valle del Guamuéz. Esta ruta tiene un desvío en el centro poblado Santa Ana, en Puerto Asís, hacia La Hormiga para llegar a la cabecera de La Dorada, en San Miguel, con destino a los núcleos de producción de Villagarzón, Valle del Guamuéz y San Miguel. Así mismo el Ingreso y salida de sustancias desde Ecuador por el río San Miguel; desde Puerto Colón, en San Miguel, hasta Puerto Colombia, en Puerto Asís.  

Fuente: Atlas de aproximación UNODC, 2020

 

    Facilidades en los pasos fronterizos en el Putumayo

    A lo largo del área fronteriza colombo-ecuatoriana, existen alrededor de 60 pasos no autorizados a lo largo del área fronteriza colombo-ecuatoriana, , utilizados, en general, para el contrabando de productos de primera necesidad y de combustibles, así como para el tráfico de drogas y armas. En Putumayo, los pasos no autorizados localizados sobre los ríos San Miguel y Putumayo están relacionados con el tránsito de grupos armados organizados (GAO/GAOR) y en Puerto Asís y San Miguel, con el narcotráfico. Estas son áreas con presencia de disidencias de las Farc.

     Presencia de grupos armados en la frontera

     Un reciente informe nos indica sobre los principales grupos irregulares armados que actúan frente a la zona de frontera norte del Ecuador. El documento de origen militar da cuenta en la frontera de la presencia de:

     Frente 48, cuyo líder sería alias “el político” y cuya zona de influencia sería: Municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Orito, Puerto Leguízamo, Piñuña Negro, Piñuña Blanco, Puerto Ospina y los ríos Putumayo y San Miguel. En cuanto a sus integrantes estarían Exmiembros de la Columna Móvil Teófilo Forero, ex-FARC. En cuanto a su conformación se habla de 80 a 100 efectivos aproximadamente.

    La Constru, cuyo líder sería alias “Andrés” y cuya zona de influencia sería: Parte de los ríos Putumayo y San Miguel, En cuanto a sus integrantes estarían exmiembros del Frente 48, ex-FARC. En cuanto a su conformación se habla de 50 a 60 personas aproximadamente.  

    Sobre lo anterior, es importante precisar que a mediados de los meses de agosto y septiembre de 2020, se conoció en medios de comunicación una denuncia pública de una ONG, donde advertir la presencia de un grupo armado denominado “Comandos de la Frontera, CDF”. Al parecer, sería la misma organización conocida en la zona del bajo Putumayo como “La Mafia”, pero cambió su nombre para desligarse de varios crímenes contra líderes sociales, entre ellos el líder social Marco Rivadeneira. Ya para el 23 de diciembre de 2020, circuló un panfleto a nombre de “Comandos de la Frontera, CDF” en el cual dictan órdenes expresas  a la junta de dirección de la Zona de Reserva Campesina, los Comités de Mujeres, los Comités Ambientales, la organización ADISPA, las cuales deben renunciar a sus procesos en general y el pasado 22 de febrero de 2021, hacia las 8:00 p.m se conoció la circulación de un vídeo, donde integrantes de la estructura denominada “Comandos de la Frontera, CDF”, realizaron una ronda de control en la población de Siberia del municipio de Orito Putumayo, otro video fue anunciado por las red sociales del mismo actor armado.

    Ahora bien, el informe Ecuatoriano señala que, la presencia y aumento de los grupos disidentes tienen que ver con las divisiones que se producen en la sociedad, lo cual estimula la disgregación de los grupos armados. Luego las políticas de paz constituyen otra razón para que se produzcan las disidencias: “…El inicio y desarrollo de un proceso de paz influye en la formación de disidencias porque crea divergencias entre quienes lo apoyan y los que prefieren mantenerse en la guerra...” (Cronin, 2011; Stedman, 1997; Pearlman, 2008, 2009). En otras palabras, las negociaciones de paz entre el Estado y el grupo rebelde pueden ser responsables del aumento de la fragmentación y la violencia. Analizadas estas dos causas del conflicto colombiano, como es el aumento de cultivos de coca y el surgimiento de las disidencias, se puede determinar la coyuntura y la relación directa entre estas dos variables, las cuales promocionan y tienen como fin común el incentivo y protección del narcotráfico.

    Finalmente, el documento no ahorra palabras para definir a esta situación fronteriza como un “conflicto híbrido” y asegura que una de los procedimientos de los grupos armados organizados (en Ecuador denominados GIA), es eludir por todos los medios las concentraciones de elementos para evitar ser detectados por los aviones de inteligencia colombianos y norteamericanos. Se dividen en cuadrillas tácticas y evitan utilizar la comunicación mediante radios, telefonía y celulares para eludir las detecciones y bombardeos. Estos grupos operan, sobre todo, de forma aislada y en la frontera colombo-ecuatoriana, especialmente en los sectores aledaños a los corredores del Pacífico Sur y del Putumayo-Caquetá, por la débil presencia institucional y militar de Colombia en este sector y por las condiciones geoestratégicas propicias para el desarrollo de estas actividades ilícitas. Sus acciones sobrepasan la frontera y son verdaderas amenazas latentes para Ecuador (Conde, F., & Orbe, M. 2020 p. 38).  

    Es preciso mencionar, que actualmente hay una disputa por el control territorial y el interés estratégico tal como se demostró en las rutas y facilidades ya mencionadas, donde Las autoridades han identificado que disidentes del frente primero y una estructura denominada “Carolina Ramírez” cumplen las órdenes de alias “Gentil Duarte”, quien tiene el control del negocio del narcotráfico en el suroriente del país y quien ha declarado una dura confrontación con los integrantes del frente 48 quienes, para los organismos de inteligencia, están dedicados al negocio del narcotráfico. Esta confrontación hasta el mes de octubre de 2020 habría dejado más de 15 muertos de ambas organizaciones al margen de la ley.

    Una investigación académica reciente del año 2021, profundiza de manera significativa el riesgo en tanto que define que en los departamentos de “..Caquetá, Nariño y Putumayo se ha venido fraguando un cuadrado perfecto para la violencia, ya que no solo están presentes las disidencias de las FARC sino que a este comistrajo se adhiere el Ejército de liberación Nacional -ELN y el Clan del Golfo como mega estructura.

    Define a su vez que, “..Cada mega estructura posee grupos más pequeños cofinanciados y reagrupados por otros más grande como “La Constru”, “La Mafia - está conformado por antiguos integrantes de lo que fueron los frentes 32, 48 y 49 de las Farc”, “Los de Sinaloa” disidencias del frente 48 que conformaron “los Comandos de Frontera-CDF”, la cual controla las rutas del narcotráfico a través de Ecuador (manta-guayaquil-Estados Unidos) conexiones con la Familia del Norte y el Comando de Vermalho las dos organizaciones criminales más grandes en Brasil para la comercialización de cocaína…”

    Menciona también, “…hacia el sur del departamento existen estructuras más pequeñas como las denominadas “Los Escorpiones”, “Los Niches”, “Los Azules” y “Los Cobra” que se dedican a cobrar sobre el gramaje y la utilización de rutas del narcotráfico, estos grupos son la tercerización de los más grandes y ayudan al control social de estas estructuras criminales…” (block aletheia, marzo de 2021)

  

Homicidios y afectaciones a líderes sociales

     Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta 2019, se ha presentado una aparente reducción de los asesinatos en los municipios de frontera, pues en 2016 estos concentraron el 70 % del total de afectación en los dos departamentos de Nariño y Putumayo. Un dato importante son los que se registran en INDEPAZ, que permiten ubicar los hechos para el 2019 y se señala que para el caso Putumayo los casos se dieron en Puerto Asís (4 personas) y San Miguel (1 persona). De estas 17 personas que perdieron la vida, la misma fuente los caracteriza en perfiles de liderazgo del sector social afrodescendiente, campesino, campesino comunal, campesino comunal asociados al programa PNIS e indígenas.

     Recientemente se presentó la muerte violenta de la Autoridad tradicional en su calidad de Alcaldesa Mayor, lideresa y médica Tradicional Mamá María Beneranda Juajibioy y su nieta Jazzlin Camila Luna Figueroa, así mismo otras dos mujeres resultaron lesionadas en el mismo hecho. Lo preocupante de este caso es que en la zona donde ocurrieron los hechos se ha indicado la presencia del grupo autodenominado “comandos de la frontera”, a esto se suma que dicho grupo vendría instigando y obligando a las comunidades a “proteger” los cultivos de hoja de coca que son objeto del programa de erradicación, las exigencias no contemplan si son o no dueños de los predios y ante la negativa se rumoran retaliaciones. Esta situación, pone en riesgo de manera significativa a los líderes y lideresas sociales especialmente los comunales y el liderazgo étnico.

     Es preciso señalar que, de darse vía libre a la fumigación, se corre el riesgo de provocar una ola de protesta social a gran escala en las zonas rurales de Colombia. Recordemos que, en el departamento del Putumayo sobre en 1996, tras la puesta en marcha del programa, incluso tuvo impacto en gran parte de las zonas rurales de Colombia donde se paralizaron durante semanas o meses debido a las protestas de los cocaleros, en su mayoría pacíficas, que estallaron en todo el país. Hoy en día, los cultivadores están aún mejor organizados que hace 25 años. No obstante, el riesgo de afectación a la vida e integridad de los lideres y lideresas sociales, así como de defensores/as de derechos humanos sería mayor, si tenemos en cuenta que gran proporción de los homicidios después del año 2016 recaen sobre líderes y lideresas sociales con la tipología de comunales.

 

    Aproximación a una salida al fenómeno

   El pasado 12 de abril de 2021, el Gobierno Nacional, emitió un decreto en el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones. Se trata de un marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. Aunque la iniciativa de retomar la aspersión, que fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales, será este mismo quien estudie las formalidades para retomar la aspersión en Colombia.

     Por todo lo expuesto anteriormente, es altamente probable que, en el departamento del Putumayo, se agudice la violencia en todas sus manifestaciones; es preciso señalar que actualmente se adelantan procesos de erradicación que han tenido la resistencia de la población campesina y que suman al menos 30 incidentes con las tropas que adelantan dichas jornadas.

 

    Es preciso señalar que se requiere una atención especial por parte del Gobierno Nacional, si bien la erradicación es una estrategia del orden Nacional, se considera prudente crear las mesas municipales de inversión social donde confluyan familias NO PNIS y desde donde se puedan presentar proyectos de reestructuración económica, productivos, de infraestructura, etc. Se debe aprovechar la estrategia “hecho a la medida”. Lo más sensato podría ser la creación de una estrategia o ruta con la dirección de sustitución donde familias a quienes se les va a erradicar y que por iniciativa propia quieran sustituir, se les dé un “compas” (ejemplo 2 meses) y se suspenda temporalmente la erradicación y de la mano lograr la creación de una oficina de Paz Regional (Departamental), la cual se debe considerar con recursos de la OACP o de la comunidad internacional. Se hace necesario crear un solo espacio de articulación para hacerle seguimiento al Acuerdo de Paz, con una ruta de avances y con especial seguimiento a los puntos 1 y 4 y por qué no generar una propuesta gruesa y pensada en prospectiva y es la de presentar en el OCAD PAZ un proyecto integral que beneficie a los 13 municipios del departamento del Putumayo.

 

" Paz, es que tengamos una justicia limpia porque leyes ya tenemos " (D.R.A.)


Mg. José Alexander Africano Macias

Investigador

aletheiainvestigaciones@gmail.com

Twitter: @jnd0072000

https://aletheiainvestigaciones.blogspot.com/

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